POLÍTICA
Repudio institucional al golpe de Estado de 1976
Dir. de Comunicación Institucional | 23-03-2021 11:59
Por unanimidad, el Consejo Superior reiteró su repudio al golpe cívico militar que intensificó el accionar del terrorismo de Estado. “La UNS debe problematizar su propia historia y asumirse en su triple papel de víctima, escenario y victimaria de los crímenes estudiados en el presente juicio”, consideraron consejeras y consejeros.
Parte dispositiva de la resolución aprobada el miércoles 17.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur (UNS) aprobó por unanimidad una resolución que reitera el “enérgico repudio” institucional “al último golpe de Estado cívico-militar de la historia argentina, así como al plan de terrorismo estatal y genocidio implementado por la última dictadura”.
La normativa –que puede leerse íntegra aquí- reafirma además “el compromiso irrevocable de la Universidad Nacional del Sur en defensa del Estado de Derecho y de la soberanía popular”.
El proyecto de resolución había sido elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, obtuvo aval de la comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo y el miércoles 17 fue incluido en el último plenario del cuerpo antes de un nuevo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el cuadragésimo quinto aniversario del 24 de marzo de 1976.
En la madrugada de ese día, recuerda uno de los considerandos, “se instaló una dictadura cívico-militar que estructuró un Estado terrorista con la implementación de un plan sistemático de desaparición de personas, secuestros, torturas, detenciones clandestinas, violaciones y apropiación de menores, constituyéndose en genocidio según lo establecido por tribunales nacionales e internacionales”.
En ese marco, señala el texto, “las Universidades Nacionales fueron objetivos principales del plan mencionado y así las y los estudiantes, docentes y no docentes fueron víctimas de desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos, cesantías, exilio y censura, entre otras formas de represión”.
Al momento de emitir sus votos, consejeras y consejeros tomaron en cuenta que desde hace una década la UNS “ha sido el ámbito en el que se llevaron a cabo los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la ciudad de Bahía Blanca y su zona de influencia”.
En la actualidad, apunta el texto, se encuentra en pleno desarrollo “un juicio contra cuatro imputados, a los que se acusa de formar parte del grupo paraestatal Alianza Anticomunista Argentina, que en los meses previos al 24 de marzo de 1976 persiguió y asesinó a integrantes de la comunidad de la UNS, siendo el caso más emblemático el del estudiante David “Watu” Cilleruelo en los pasillos del complejo de avenida Alem 1253”. En conmemoración de ese hecho, ocurrido en 1975, la UNS vive cada 3 de abril su Día de los Derechos Humanos.
La resolución aprobada añade, también en sus considerandos, un llamado a la revisión de la historia institucional por la propia comunidad de la UNS. “Por las características del terrorismo de Estado, la participación de un miembro de su comunidad en la jefatura de la organización parapolicial mencionada, la provisión de empleos y vehículos a los acusados y la inacción institucional posterior, la UNS debe problematizar su propia historia y asumirse en su triple papel de víctima, escenario y victimaria de los crímenes estudiados en el presente juicio”, indica.
La alusión refiere al ex rector Remus Tetu, que en 1975 proveyó de empleos y vehículos a las personas actualmente acusadas de participar en la Triple A. Antes y después de ese año, Tetu fue parte del plantel docente de la UNS y llegó a jubilarse sin que prosperaran los pedidos de juicio académico en su contra. De allí la mención a la “inacción institucional posterior” que comenzó a revertirse cuando en 2010 el propio Consejo Superior determinó la presentación de la institución como querellante en la causa por el crimen de “Watu”, del que Tetu ha sido sindicado como autor intelectual.
Los y las representantes de estudiantes, docentes y no docentes en el Consejo consideraron además que es una “responsabilidad ineludible de las Universidades Nacionales mantener en el tiempo el recuerdo del período más nefasto de nuestra historia nacional como ejercicio de memoria social para recordar a las víctimas del Estado terrorista y reflexionar sobre las consecuencias que implica sustituir el Estado de Derecho”.
En tal sentido, el Consejo concluyó “que para la consolidación definitiva de la democracia en nuestro país es imprescindible avanzar en el juzgamiento de las y los participantes o cómplices de delitos de lesa humanidad”.