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La Universidad Nacional del Sur firmó este viernes una carta de intención tendiente a encaminar un nuevo acuerdo con la Justicia Federal para garantizar las instalaciones de esa Casa para las audiencias de los juicios por crímenes de lesa humanidad ocurridos en la región de Bahía Blanca durante la última dictadura cívico-militar. Fue a las 9 en avenida Colón 80. Por parte del Tribunal Federal estuvieron los jueces Marcos Javier Aguerrido, Luis Salas y Oscar Albrieu; y representando a la UNS su rector, el doctor Daniel Vega.

"Para nuestra institución es un enorme honor poder colaborar con las audiencias y constribuir de manera sostenida con un proceso de Memoria, Verdad y Justicia que es tan necesario para curar las heridas de nuestra sociedad. Quiero manifestar este compromiso que la UNS tiene desde hace varios años, desde 2011 en particular con estos juicios", dijo Vega. Además, amplió sobre otros aspectos vinculados con esta línea de acción. Indicó que está próxima a aprobarse una resolución nominando a una calle del campus como David "Watu" Cilleruello, un estudiante asesinado por la Triple A en 1975.

"Queremos agradecer la colaboración de la Universidad Nacional del Sur en la persona del Rector para que podamos llevar adelante estos juicios, un agradecimiento que es del Poder Judicial y de la sociedad toda, que está interesada en que estos juicios se hagan de la forma debida, con respeto al Estado de Derecho y al debido proceso", expresó el doctor Oscar Albrieu, uno de los magistrados. 

Con este acuerdo, las nuevas autoridades universitarias buscan ratificar la política de derechos humanos de la institución, expresada también en estos días en la resolución aprobada por el Consejo Superior condenando el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la exposición de la muestra sobre el informe Nunca Más de la CONADEP en el Centro Histórico Cultural, y otras acciones.

La UNS es sede de estas causas desde marzo 2011, cuando fueron requeridas su Aula Magna para las audiencias orales y parte de las oficinas del rectorado para el funcionamiento del Tribunal, ya que la sede del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca no cuenta con espacios adecuados para juicios de estas características. Ese mes comenzó el primer juicio: “Bayón, Juan Manuel y otros”, donde se investigaron crímenes contra los derechos humanos cometidos en perjuicio de 90 víctimas en el área del V Cuerpo del Ejército y se acusó a 19 imputados de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada reiterada, aplicación de tormentos reiterada y homicidio agravado reiterado.

Hasta el momento se han desarrollado cinco enjuiciamientos de este tipo, y se encuentra en proceso el sexto. En ellos se ha acusado a integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad de ser autores de asesinatos, desapariciones, violaciones y torturas, con condenas que han llegado en numerosos casos a reclusiones perpetuas.

En el que se lleva a cabo actualmente, la “Causa Araoz de Lamadrid Nº 6631” -conocido coloquialmente como “Armada 2” y en el que ese mismo viernes comenzarán los alegatos de las partes-, se encausa a 15 imputados por los delitos cometidos a 66 víctimas. Tres de ellos, ya fueron condenados en la primera parte del juicio “Armada”, que en el 2015 concluyó con prisión perpetua para 18 de los 22 imputados.